La Fiscalía de la Nación reabrió por 120 días la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros María Antonieta Alva, María Hinostroza y Víctor Zamora por la compra de pruebas rápidas durante la pandemia de Covid-19. Los acusan de los supuestos delitos de colusión y negociación incompatible en perjuicio del Estado.

«Se ha emitido la disposición fiscal n.º 08 mediante la cual declara fundada las solicitudes de reexamen de actuados presentados por la denunciante Katherine Milagros Ampuero Meza, y la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe; alegando la existencia de nuevos elementos de convicción en la investigación preliminar en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República; así como María Antonieta Alva Luperti, María Elizabeth Hinostroza Pereyra y Víctor Marcial Zamora Mesía, exministros de Estado; por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado», dice el comunicado.

El caso está en la carpeta fiscal n.º 131-2020 y lo maneja el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. La Fiscalía decidió reabrirlo luego de considerar los pedidos de reexamen de la procuradora general del Estado, María Caruajulca, y de la exprocuradora Katherine Ampuero, quien presentó la denuncia inicial.

El caso fue reabierto después de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, fuera denunciado constitucionalmente por haber archivado el proceso, supuestamente yendo en contra de los artículos 39 y 159 de la Constitución. Se le acusa de cometer abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. Como consecuencia, se pidió su inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años y que enfrente cargos penales.

Sobre eso, Villena Campana dijo que no presentó una denuncia constitucional contra el exmandatario por la supuesta compra ilegal de 1 millón 400 mil pruebas rápidas porque según él no había suficientes indicios de colusión.

«En lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle», dijo.

Y añadió: “Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que haya indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto [corrupción]”.

Una semana más tarde, la Procuraduría General del Estado anunció que pidió al fiscal general reconsiderar y volver a abrir el caso «basándose en 9 pruebas adicionales».