El fiscal de Condorcanqui, Erlin Medina, reportó hoy ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso que las comunidades indígenas de la provincia están obstaculizando la detención de violadores de niñas.
Medina mencionó que las autoridades locales, incluidos los apus, encubren a los agresores y amenazan a los fiscales que tratan de capturarlos.
«El apu es su autoridad principal, si el apu nos dice ‘doctor, no venga’, no nos dejan entrar. No podemos acceder a sus comunidades», afirmó.
El fiscal contó que incluso han sufrido agresiones físicas durante sus intervenciones. «Nos intentaron rociar con gasolina», comentó al recordar un ataque cuando intentaban arrestar a un pedófilo.
Esta situación ha creado un ambiente de impunidad en la provincia, donde se han registrado 533 casos de abuso sexual y más de 1000 agresiones físicas contra mujeres indígenas wampís.
Medina expresó su pesar por la falta de recursos para atender a las víctimas de estos delitos. “En Condorcanqui no tenemos laboratorios, y la división médico legal está en Bagua. A veces, las víctimas deben viajar hasta Lima o Chiclayo. Aquí solo contamos con una psicóloga, y debido a la distancia, muchos profesionales no se presentan a los concursos. En 2023, convoqué a dos médicos legistas con sueldos de 9 mil soles, pero nadie se presentó”, destacó.
Frente a esta situación, el fiscal pidió al Ministerio de la Mujer que establezca refugios y albergues en la zona para proteger a las víctimas de violencia.
