Después de apenas dos semanas de discusión, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, dirigida por Wilson Soto de Acción Popular, aprobó un documento que exige que las farmacias y boticas privadas tengan que tener obligatoriamente un 30% de su inventario de medicamentos como genéricos, y también que se les prohíba vender alimentos y ofrecer consultas médicas.

La idea, que cambia las reglas de la Ley 29459 sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, fue enviada el martes 30 de abril a la Junta de Portavoces del Congreso. Allí, los líderes de los diferentes grupos políticos decidieron evitar que pase por la Comisión de Salud y la incluyeron directamente en la agenda del Pleno del Congreso, que se reúne hoy, para que los congresistas la discutan y voten.

Ana María Jiménez, líder de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), y Aly Carlos Villarroel, líder de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes (Anacab), expresaron su descontento por las reglas del documento y cómo fue aprobado y programado para la votación final.

Jiménez criticó lo rápido que la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el documento, que incluía ideas de varios proyectos de ley presentados por miembros de diferentes partidos políticos como Fuerza Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático – Juntos por el Perú y No Agrupados.

«La Comisión de Defensa del Consumidor no tiene más peso que la Comisión de Salud, que es la que decide sobre la salud de todos los peruanos. Deberían haber consultado a todas las partes involucradas: Cenares, Digemid, la Academia, Aspefar, los colegios Médico y Farmacéutico, pero nada de eso se hizo», explicó.

Con este documento, señaló, el Gobierno está intentando hacer que los privados se hagan cargo de asegurarse de que haya suficientes medicamentos genéricos en las farmacias de los hospitales públicos.

«Este requisito del 30% de stock es perjudicial, injusto, y simplemente imposible de cumplir. Hemos pedido repetidamente al Ministerio de Salud que nos proporcione el respaldo técnico para este porcentaje, pero hasta ahora no lo hemos recibido. Esto nos hace pensar que están actuando por motivos políticos y no se puede jugar con la salud pública de esa manera. Están haciendo que las farmacias privadas asuman la responsabilidad del Estado. De los 434 medicamentos genéricos en la lista, 23 no están registrados y 33 solo se venden al Estado. Están engañando a la gente y nos están tratando como si fuéramos ignorantes», comentó Jiménez en una entrevista con Perú21TV.

El representante de Anacab advirtió que este dictamen podría llevar al cierre de unas 24 mil farmacias y boticas independientes, afectando a alrededor de 100 mil puestos de trabajo directos y 500 mil indirectos. «Esta política del Ministerio de Salud y del Congreso es completamente desacertada. Le sugerí al congresista Soto que, en lugar de proponer leyes populistas, debería supervisar al Ministerio de Salud, que recibe una suma considerable de 13 mil millones de soles para cuidar de la salud de los peruanos y abastecer al país de medicamentos», finalizó.