Este lunes 29 de abril, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por la fiscal suprema Delia Espinoza, presentó la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses contra Patricia Benavides, la fiscal de la Nación suspendida. El Poder Judicial escuchó la argumentación del Ministerio Público en una sesión programada para las 11:00 a.m.

El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, se tomó alrededor de dos horas para escuchar a todos y revisar la solicitud de prohibición de salir del país para Patricia Benavides. Ella está bajo sospecha de formar parte de una banda delictiva.

En la audiencia, el fiscal Marcial Páucar expuso los motivos que respaldan la petición, mientras que Benavides hizo hincapié en lo crucial que es respetar el debido proceso y pidió que la investigación sea imparcial, sin influencias políticas, ideológicas o de los medios de comunicación.

El pedido de impedimento para salir del país se hizo público el 24 de abril mediante un comunicado, que salió a la luz después de que se filtrara un informe de la Fiscalía. En el informe se la acusa de varios delitos, como recibir sobornos para manipular licitaciones, hacer cambios en el Ministerio Público para favorecer a los investigados en el caso Cuellos Blancos, junto con su hermana Enma Benavides, y también de coordinar la alteración de informes ante la JNJ que la estaba investigando.

Después de escuchar lo que tenían que decir las partes, el juez Juan Carlos Checkley decidió no tomar una decisión de inmediato y se tomará su tiempo para evaluar el caso. La decisión final se comunicará a todas las partes involucradas dentro del tiempo establecido por la ley.

Durante su turno de hablar, el fiscal Marcial Páucar destacó que Patricia Benavides es señalada como la cabeza de una banda criminal dentro de su institución, y mostró preocupación por su disposición para enfrentar a la justicia. Hizo hincapié en los numerosos viajes al extranjero que ha realizado en los últimos años, resaltando lo fácil que ha sido para ella salir del país, lo que podría aumentar el riesgo de que se escape.

También señaló que la madre del esposo de Benavides es chilena y que su esposo, que también es chileno, está relacionado con varias empresas, lo que podría hacer más fácil para ellos salir de Perú. Además, mencionó que Benavides está actualmente sin trabajo estable debido a su suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Páucar también mencionó que después de que la suspendieron, Benavides transfirió algunas de sus propiedades a nombre de sus hijas, lo cual es bastante curioso. Además, advirtió que la banda criminal que se le atribuye seguiría activa incluso después de que ella dejara su cargo en el Ministerio Público.

Según lo dicho por un testigo protegido, el fiscal mencionó que todavía habría “manejos para evitar testimonios o pruebas en su contra”. Para finalizar, Páucar mencionó que Benavides está enfrentando cargos que podrían llevarla a prisión por hasta 15 años, y estas penas podrían aumentar debido a las acusaciones adicionales en su contra.

Como si los problemas por los delitos que se le imputan a Benavides no fueran ya suficientes, el domingo pasado se dio a conocer que hay un testigo protegido que ha brindado su testimonio ante la fiscal suprema Delia Espinoza.

Lo que ha dicho el testigo no solo apunta a que podría haber habido varios arreglos y ofrecimientos de parte de agentes de la Diviac para proteger a Enma Benavides, sino también a que el fiscal Marco Huamán y el abogado de Dina Boluarte podrían haber estado en contacto para tratar el caso de las muertes en protestas.

Según un documento obtenido por Infobae Perú, el testigo también mencionó que el agente ‘topo’ de la Diviac, Harvey Colchado, junto con Jorge Rodríguez Menacho, habría enviado informes a la Junta Nacional de Justicia, que estaba investigando a Patricia Benavides, informes que resultaban favorables para ella.